En un regreso al espíritu original de la denominada Ley Ómnibus, el Gobierno quiere avanzar con una nueva etapa de desregulaciones. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planea presentar dos proyectos de ley para que el Congreso Nacional debata el divorcio administrativo y las sucesiones notariales. En este marco, el presidente del Colegio de Abogados de Morón, Dr. Jorge Frega, habló con Rubén Suárez en Poné Noticias sobre lo que implicarían estos cambios, la importancia de la garantía del debido proceso, la realidad sobre los costos y plazos y qué cree que hay detrás de estas iniciativas.

“A veces simplificar es quitar seguridad. Hace muchísimos años que tanto los divorcios como las sucesiones se hacen en el ámbito judicial y no es un capricho. Es básicamente darle seguridad a los herederos, en el caso de las sucesiones, y a los contrayentes, particularmente a la parte más vulnerable en una relación matrimonial. Para ellos se necesita la garantía del debido proceso; que le dé seguridad a aquel que sea vulnerable y justamente no sea abusado por aquel con mayor poder económico, con mayor facultad de convencimiento, que evite el trámite judicial, evite el abogado y lisa y llanamente aproveche su capacidad superior para perjudicar al otro. Para eso es la Justicia, para equilibrar derechos e intereses”, comenzó explicando el letrado, y agregó: “Esto ha sido así hace muchos años y nunca se pensó en modificarlo seriamente porque las garantías que da un proceso judicial, por más denostada que esté la Justicia, puedo asegurarles que son mucho mayores a la que puede dar un órgano administrativo o una actividad de orden privado como una sucesión frente a un notario, que no va a hacer más que cumplir con celebrar el acto sin controlar nada porque no es su función”.

En el caso específico de las sucesiones, el gobierno planea que las pacíficas puedan realizarse mediante la intervención de un escribano para “aliviar a la Justicia” y que sea un trámite más rápido y económico. “Pensemos que un proceso sucesorio se conoce como proceso universal. Si es universal se publican edictos para invitar a otros herederos que puedan desconocer la existencia del patrimonio o la muerte del causante. Entonces un grupito toma todas las decisiones y no le avisa a nadie”, expresó el Dr. Frega, quien además sostuvo que no va a ser un proceso “más barato”, ya que “al escribano hay que pagarle y el proceso notarial va a requerir una asistencia letrada”, ni tampoco más rápido: “En las sucesiones los hermanos son unidos hasta que hay un conflicto patrimonial. Siempre potencialmente hay un conflicto. Esto no es una fantasía, es lo que vemos habitualmente. No digo que la gente sea más o menos buena o mala, sino que hay muchos intereses y hay que estar atentos. Hay que tener un sistema que lo garantice. Si no hay ningún conflicto, una sucesión tarda muy poco tiempo. En apenas 6 meses puede haber inscripción. Si hay algún planteo, el escribano va a tener que pasarlo a sede judicial… y siempre potencialmente hay un planteo. Lo que parece una simplificación es nada más que un adelanto de problemas posteriores y una rejudicialización que se puede evitar si directamente se acude a la Justicia”.

Mientras que sobre el proyecto de divorcio administrativo, el profesional afirmó en Radio con Vos que la situación será aún más complicada porque “ni siquiera habría un profesional”. “Sería un funcionario, un empleado del registro, que te recibe. Cuando uno se casa todavía no está formada una familia; cuando uno se divorcia sí. Entonces disolver una sociedad conyugal es distinto que conformarla en un inicio. Pero, más aún, hay una serie de temas que se pueden resolver muy inmediatamente y que solamente se pueden llevar adelante si hay asesoramiento adecuado y si alguien acompaña en ese proceso, como es un juzgado, como son los abogados. Por ejemplo, las compensaciones. Hoy las mujeres no tienen derecho alimentario pero si tienen derecho a compensar la diferencia de su patrimonio frente al divorcio. Esa compensación tiene un plazo para reclamarla muy breve. Y si nadie los asesora en el momento que se están divorciando luego ese derecho se va a perder”, explicó el Dr. Frega. Además aseguró que hoy gracias a la reforma del Código Civil y Comercial divorciarse no tiene gran complejidad: “Se requiere que se haga una propuesta para ver cómo se dividen bienes, cómo se hace con los hijos… una propuesta que no es vinculante y con esa presentación el juez divorcia en un plazo muy breve. Pero hay una garantía: que si una de las partes es sujeto de violencia, hay alguien controlando. Hacia eso queremos ir. Lo económico es distinto a lo barato. Lo económico es aquello que con el menor esfuerzo se logra mejor resultado. Hoy la verdad que la simplificación que se logró con la reforma del Código Civil y Comercial alcanza para lograr la economía en el proceso de divorcio. Transformarlo en un mero trámite administrativo es realmente desproteger a la parte más vulnerable de la pareja”.

Consultado sobre qué cree que hay detrás de estos proyectos, el presidente del Colegio de Abogados de Morón manifestó: “algunos dicen que hay intereses sectoriales; otros dicen la presión de alguna persona que tiene mucho conocimiento con un sector como los escribamos; y otros dicen que es un ataque directo a los abogados… Yo creo que es que nosotros marcamos dónde está lo que es acorde a derecho, lo que es acorde a la Constitución, y dónde está lo que no. Y cuando alguien quiere ejercer el poder por encima de lo que nuestra Constitución dice, los abogados somos los que le podemos decir porque no. Entonces empezamos a molestar y pasamos a no ser tan queridos. Y esto es lo que pasó en general con muchos funcionarios en la historia, pero en este caso lo vemos con mayor fuerza”.

Finalmente, aseguró que de avanzar estos proyectos del Gobierno los abogados irán a la Justicia. “Ya la abogacía se está manifestando. Lo hizo en Santa Fe y próximamente vamos a hacer un encuentro en nuestro Colegio de Abogados de Morón con el objeto de convocar no solamente a los abogados, que ya sabemos que esta modificación no es correcta porque estamos convencidos que es un avance más sobre los derechos individuales y es otra forma más de vulnerar a las personas, sino a la comunidad; que participe la Justicia misma, el poder político, diputados, todas las personas que tiene alguna injerencia en este proceso”.

“La Justicia es el espacio donde el ciudadano individual tiene un lugar cuando falla todo lo demás, cuando falla el legislativo, el ejecutivo. Y los que lo acompañamos para que eso sea posible somos los abogados, entonces no vamos a relegar ese rol en aras de una supuesta simplificación inexistente. No vamos a quitarle las garantías a la gente para alguien diga ‘vieron que simplificamos, vieron que fácil que es’. Porque eso no es así”, concluyó el Dr. Frega en Poné Noticias.

La Caja de la Abogacía determinó que, a partir del próximo cobro de haberes de sus pasivos, se incrementen los mismos en un 25%, siendo el máximo a percibir de un millón cincuenta mil pesos.

La jubilación básica normal asciende a $350.000 para los jubilados menores de 70 años, con incrementos de acuerdo al rango etáreo hasta $360.000 para quienes tengan ochenta años o más.

La pensión también aumentó su monto, será del 75% del haber jubilatorio que percibiere o le hubiere correspondido percibir al causante, de ésta manera, el monto de la pensión sobre la jubilación básica se fijó en $262.500.

La Sala 3 de la Cámara Federal de La Plata revocó el fallo de primera instancia y determinó que La Caja de la Abogacía y COLPROBA poseen el interés jurídico y la legitimación activa para cuestionar la nulidad del decreto 70/2023.

El fallo, firmado por los jueces Carlos Alberto Vallefin, Roberto Agustín Lemos Arias y por el Secretario Federal Matias Alejo Godoy, cita que ambas instituciones demandantes ostentan un interés jurídico suficiente para impugnar el decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei, dado que afecta e interfiere en el ejercicio profesional de los letrados.

Así mismo, reconoce la legitimación activa tanto de la Caja de la Abogacía, como del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y ordena que se le dé adecuado trámite a la demanda.

“En numerosas ocasiones, las entidades profesionales de la abogacía han concurrido a los tribunales en defensa de los derechos de sus matriculados y su legitimación para tales propósitos ha sido reconocida. En esa línea, la aptitud procesal de tales entidades para litigar en cuestiones vinculadas con la administración de justicia ha sido tradicionalmente convalidada”.