09/04/2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración del complejo de la sede Olavarría del Departamento Judicial de Azul, una obra estratégica para fortalecer el servicio de justicia en la región. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan; y el intendente local, Maximiliano Wesner.

En ese marco, Kicillof destacó que “tenemos el orgullo de venir hoy a Olavarría, un municipio que está siendo especialmente golpeado por las políticas económicas del Gobierno nacional, para inaugurar la obra más importante de los últimos 30 años para el Poder Judicial bonaerense”. “Esto que debería ser común, habitual, implica un verdadero contraste con lo que sucede en el país: aquí hay una Provincia que resiste al ajuste y trabaja para que todos los y las bonaerenses que buscan justicia tengan la respuesta que se merecen”, añadió.

“Este edificio había sido paralizado por el Gobierno provincial que nos precedió y se podría haber convertido en un elefante blanco en medio de la ciudad. Decidimos invertir, junto a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, más de 20 millones de dólares porque aquí no hay motosierra, hay inversión para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Este es un logro colectivo, que demuestra que si todos cumplimos con nuestra parte las obras no se paralizan, se empiezan y se terminan”.

El nuevo complejo centraliza en un solo predio todas las dependencias que anteriormente se encontraban en distintos espacios alquilados, garantizando una gestión más cómoda y eficiente para la comunidad. A partir de una inversión de $26.800 millones, financiada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y ejecutada por el gobierno bonaerense; en el Polo funcionarán los fueros Civil y Comercial; Penal; Laboral; de Familia; y de Responsabilidad Penal y Juvenil, con sus respectivas instituciones y dependencias de la Suprema Corte.

Por su parte, Mena sostuvo: “La importancia de construir un polo judicial que concentra todas las oficinas tiene que ver no solo con garantizar el bienestar de los trabajadores de los distintos organismos, sino también con dar más y mejor acceso a la Justicia a todos los bonaerenses”.

La obra del Polo Judicial, que había sido paralizada en 2018, cuenta con más 8.800 metros cuadrados y está ubicada en el centro de la ciudad. Implica un beneficio para todos los municipios que integran el Departamento Judicial: Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.

En tanto, Kogan remarcó: “A 110 años de la creación de este departamento judicial, para la Corte de la Provincia de Buenos Aires es un orgullo y una gran responsabilidad la inauguración de este edificio central”. “La culminación de esta obra es una respuesta efectiva a las necesidades de los trabajadores del Poder Judicial y de las personas que vienen en búsqueda de soluciones”, agregó.

“Este nuevo edificio va a nuclear a magistrados, profesionales y trabajadores del derecho y se va a convertir en un faro de justicia para toda la Provincia: agradecemos al Gobierno bonaerense por concluir este proyecto que agilizará los servicios en toda la región”, subrayó Wesner.

Por último, Kicillof señaló: “Le pido al Poder Judicial bonaerense que nos acompañe en el reclamo que hacemos por los fondos que el Gobierno nacional le ha robado a la provincia de Buenos Aires”. “Si no cambian estas políticas económicas, nuestro pueblo va a sufrir aún más las consecuencias del ajuste: tomemos conciencia, defendamos a nuestra gente y revalidemos el compromiso de seguir trabajando para mejorar todos los días”, concluyó.

Obras en materia de seguridad y entrega de ambulancia

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, recorrieron la obra de refacción y puesta en valor del edificio donde funcionará el Comando Patrullas de la Policía provincial, al cual se sumarán 50 efectivos en el marco de la política de repatriación del personal policial.

Asimismo, se firmaron convenios entre el Ministerio de Seguridad provincial y el municipio para su incorporación al programa “Entramados”, que tiene como fin la prevención del delito y la reincidencia juvenil; y para la adhesión al “Anillo Digital Provincial”, un sistema de lectura de patentes vehiculares. Además, se suscribió un acuerdo mediante el cual la Provincia brinda capacitación profesional a la nueva Guardia Urbana local.

Por último, el Gobernador junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; los intendentes de Azul, Nelson Sombra; de Bolívar, Eduardo Bucca; de Laprida, Alfredo Fisher; y de Tapalqué, Gustavo Cocconi; el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Sergio Gabriel Torres; y el ministro de la misma, Daniel Fernando Soria; funcionarios y funcionarias municipales.

25/11/2025

El Intendente de Morón, Lucas Ghi, anunció este martes la presentación de una iniciativa de ley destinada a fortalecer la protección de las víctimas de violencia de género y familiar mediante una modificación al Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires. El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la ONU para sensibilizar y combatir esta problemática.

El objetivo principal del proyecto, presentado ante especialistas y referentes del derecho del ámbito local, provincial y nacional, es facultar a los jueces a detener a quienes incumplan las restricciones perimetrales que impiden el acercamiento a la víctima.

Actualmente la legislación presenta una “zona gris” que genera diferencias en la aplicación de sanciones frente a la violación de una restricción perimetral. Esta situación permite que en muchos casos el agresor pueda acosar, amenazar o incluso volver a agredir a la víctima. El proyecto apunta a prevenir este tipo de situaciones.

“Estamos muy reconfortados por haber podido generar en Morón este proyecto, que entregaré personalmente a las autoridades de nuestra provincia, y en el que se trabajó con tanta responsabilidad junto al Departamento Judicial de Morón, asociaciones intermedias y especialistas en la materia”, expresó Ghi.

En ese sentido, señaló que “la violencia de género se combate con medidas concretas, articulación entre el Estado y los privados y protección a las víctimas, lejos del oportunismo político y de los falsos compromisos de quienes se escandalizan según quién sea el victimario o la víctima”.

El proyecto fue elaborado entre el Municipio de Morón, representado por el secretario de Seguridad, Dr. Damián Cardoso; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, Dr. Matías Rappazzo; y el Dr. Fabián Cardoso, del Observatorio Federal de Seguridad y Justicia.

También aportaron a la iniciativa la Fiscal General del Departamento de Morón, Karina Iuzzolino, y la Defensora General Claudia Susana Bonanata.

Acompañaron la presentación la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, Mercedes Conti; la secretaria general de la entidad, Andrea Molaro; Sandra Pepe, titular del Observatorio Federal de Seguridad y Justicia; y Gladys Pellegrini, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

También estuvieron presentes el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez; el titular del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Almeyda; y el director del área de Víctimas del Delito de la Secretaría de Seguridad de Morón, Emanuel Terrón.

El Intendente estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura De Peri, entre otros funcionarios que participaron del encuentro realizado en el Salón Mariano Moreno.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso para cuidar y acompañar a las víctimas de violencia de género y familiar mediante una protección efectiva, permanente y responsable.

22/05/2025

En abril de 2020, cuando la ola de contagios de Covid-19 empezaba a crecer y las restricciones de circulación eran cada vez mayores, los ojos de la opinión pública se posaron en una residencia geriátrica, en donde se registró un contagio masivo y ocurrieron las primeras muertes en este tipo de establecimientos. Sucedió en el Geriátrico Apart Los Incas, en Avenida de los Incas y Zapiola, en Belgrano R. El lugar fue desalojado con los móviles de televisión mostrando el traslado de los pacientes y el personal. Diez personas murieron por el virus y la investigación reveló una trama de negligencia por parte de los dueños.

A cinco años de la tragedia, esta semana finalmente comenzó el juicio contra los titulares del geriátrico. La causa tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los magistrados Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo.

La residencia era gestionada por los apoderados Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, bajo la dirección médica de Carla Raffo. Los tres están imputados por homicidio culposo agravado y violación de las medidas sanitarias durante una pandemia, según establece el artículo 205 del Código Penal. Además, se les atribuyen lesiones culposas y múltiples omisiones en el cuidado de los residentes.

Según la causa, los acusados habrían incurrido en al menos nueve irregularidades: desde no tomar la temperatura a los residentes hasta presionar a empleadas para que trabajaran pese a tener síntomas compatibles con COVID-19. También se documentaron fallas graves como la falta de equipos de protección, demoras en realizar hisopados y omisiones en la actualización de historias clínicas.

A su vez, también está siendo juzgada Paula Verónica Trunzo, Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos, por el supuesto incumplimiento de sus deberes. La funcionaria es acusada de haber incumplido su obligación de denunciar irregularidades detectadas en inspecciones realizadas entre 2017 y 2020 en el Geriátrico Apart Incas, lo que hubiera evitado los contagios si se disponía la clausura del lugar.

A pesar de ello, el Procurador General de la Ciudad aceptó un ofrecimiento de la defensa de la imputada para que la funcionaria quede impune a cambio de una reparación de cuatro millones de pesos a favor de la Ciudad, montos que no se aplicarían a las víctimas. El Tribunal rechazó este pedido por unanimidad.