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JUDICIALES

Dr. Jorge Frega, sobre sucesiones notariales y divorcios administrativos: “Es desproteger a la parte más vulnerable”

El presidente del Colegio de Abogados de Morón habló sobre los proyectos que quiere reflotar el ministro Sturzenegger.

En un regreso al espíritu original de la denominada Ley Ómnibus, el Gobierno quiere avanzar con una nueva etapa de desregulaciones. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planea presentar dos proyectos de ley para que el Congreso Nacional debata el divorcio administrativo y las sucesiones notariales. En este marco, el presidente del Colegio de Abogados de Morón, Dr. Jorge Frega, habló con Rubén Suárez en Poné Noticias sobre lo que implicarían estos cambios, la importancia de la garantía del debido proceso, la realidad sobre los costos y plazos y qué cree que hay detrás de estas iniciativas.

“A veces simplificar es quitar seguridad. Hace muchísimos años que tanto los divorcios como las sucesiones se hacen en el ámbito judicial y no es un capricho. Es básicamente darle seguridad a los herederos, en el caso de las sucesiones, y a los contrayentes, particularmente a la parte más vulnerable en una relación matrimonial. Para ellos se necesita la garantía del debido proceso; que le dé seguridad a aquel que sea vulnerable y justamente no sea abusado por aquel con mayor poder económico, con mayor facultad de convencimiento, que evite el trámite judicial, evite el abogado y lisa y llanamente aproveche su capacidad superior para perjudicar al otro. Para eso es la Justicia, para equilibrar derechos e intereses”, comenzó explicando el letrado, y agregó: “Esto ha sido así hace muchos años y nunca se pensó en modificarlo seriamente porque las garantías que da un proceso judicial, por más denostada que esté la Justicia, puedo asegurarles que son mucho mayores a la que puede dar un órgano administrativo o una actividad de orden privado como una sucesión frente a un notario, que no va a hacer más que cumplir con celebrar el acto sin controlar nada porque no es su función”.

En el caso específico de las sucesiones, el gobierno planea que las pacíficas puedan realizarse mediante la intervención de un escribano para “aliviar a la Justicia” y que sea un trámite más rápido y económico. “Pensemos que un proceso sucesorio se conoce como proceso universal. Si es universal se publican edictos para invitar a otros herederos que puedan desconocer la existencia del patrimonio o la muerte del causante. Entonces un grupito toma todas las decisiones y no le avisa a nadie”, expresó el Dr. Frega, quien además sostuvo que no va a ser un proceso “más barato”, ya que “al escribano hay que pagarle y el proceso notarial va a requerir una asistencia letrada”, ni tampoco más rápido: “En las sucesiones los hermanos son unidos hasta que hay un conflicto patrimonial. Siempre potencialmente hay un conflicto. Esto no es una fantasía, es lo que vemos habitualmente. No digo que la gente sea más o menos buena o mala, sino que hay muchos intereses y hay que estar atentos. Hay que tener un sistema que lo garantice. Si no hay ningún conflicto, una sucesión tarda muy poco tiempo. En apenas 6 meses puede haber inscripción. Si hay algún planteo, el escribano va a tener que pasarlo a sede judicial… y siempre potencialmente hay un planteo. Lo que parece una simplificación es nada más que un adelanto de problemas posteriores y una rejudicialización que se puede evitar si directamente se acude a la Justicia”.

Mientras que sobre el proyecto de divorcio administrativo, el profesional afirmó en Radio con Vos que la situación será aún más complicada porque “ni siquiera habría un profesional”. “Sería un funcionario, un empleado del registro, que te recibe. Cuando uno se casa todavía no está formada una familia; cuando uno se divorcia sí. Entonces disolver una sociedad conyugal es distinto que conformarla en un inicio. Pero, más aún, hay una serie de temas que se pueden resolver muy inmediatamente y que solamente se pueden llevar adelante si hay asesoramiento adecuado y si alguien acompaña en ese proceso, como es un juzgado, como son los abogados. Por ejemplo, las compensaciones. Hoy las mujeres no tienen derecho alimentario pero si tienen derecho a compensar la diferencia de su patrimonio frente al divorcio. Esa compensación tiene un plazo para reclamarla muy breve. Y si nadie los asesora en el momento que se están divorciando luego ese derecho se va a perder”, explicó el Dr. Frega. Además aseguró que hoy gracias a la reforma del Código Civil y Comercial divorciarse no tiene gran complejidad: “Se requiere que se haga una propuesta para ver cómo se dividen bienes, cómo se hace con los hijos… una propuesta que no es vinculante y con esa presentación el juez divorcia en un plazo muy breve. Pero hay una garantía: que si una de las partes es sujeto de violencia, hay alguien controlando. Hacia eso queremos ir. Lo económico es distinto a lo barato. Lo económico es aquello que con el menor esfuerzo se logra mejor resultado. Hoy la verdad que la simplificación que se logró con la reforma del Código Civil y Comercial alcanza para lograr la economía en el proceso de divorcio. Transformarlo en un mero trámite administrativo es realmente desproteger a la parte más vulnerable de la pareja”.

Consultado sobre qué cree que hay detrás de estos proyectos, el presidente del Colegio de Abogados de Morón manifestó: “algunos dicen que hay intereses sectoriales; otros dicen la presión de alguna persona que tiene mucho conocimiento con un sector como los escribamos; y otros dicen que es un ataque directo a los abogados… Yo creo que es que nosotros marcamos dónde está lo que es acorde a derecho, lo que es acorde a la Constitución, y dónde está lo que no. Y cuando alguien quiere ejercer el poder por encima de lo que nuestra Constitución dice, los abogados somos los que le podemos decir porque no. Entonces empezamos a molestar y pasamos a no ser tan queridos. Y esto es lo que pasó en general con muchos funcionarios en la historia, pero en este caso lo vemos con mayor fuerza”.

Finalmente, aseguró que de avanzar estos proyectos del Gobierno los abogados irán a la Justicia. “Ya la abogacía se está manifestando. Lo hizo en Santa Fe y próximamente vamos a hacer un encuentro en nuestro Colegio de Abogados de Morón con el objeto de convocar no solamente a los abogados, que ya sabemos que esta modificación no es correcta porque estamos convencidos que es un avance más sobre los derechos individuales y es otra forma más de vulnerar a las personas, sino a la comunidad; que participe la Justicia misma, el poder político, diputados, todas las personas que tiene alguna injerencia en este proceso”.

“La Justicia es el espacio donde el ciudadano individual tiene un lugar cuando falla todo lo demás, cuando falla el legislativo, el ejecutivo. Y los que lo acompañamos para que eso sea posible somos los abogados, entonces no vamos a relegar ese rol en aras de una supuesta simplificación inexistente. No vamos a quitarle las garantías a la gente para alguien diga ‘vieron que simplificamos, vieron que fácil que es’. Porque eso no es así”, concluyó el Dr. Frega en Poné Noticias.

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JUDICIALES

Kicillof inauguró “la obra más importante de los últimos 30 años para el Poder Judicial bonaerense”

El gobernador puso en funcionamiento la nueva sede del Polo Judicial de la región. Además, recorrió la obra donde funcionará el Comando Patrullas de la policía provincial.

09/04/2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración del complejo de la sede Olavarría del Departamento Judicial de Azul, una obra estratégica para fortalecer el servicio de justicia en la región. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan; y el intendente local, Maximiliano Wesner.

En ese marco, Kicillof destacó que “tenemos el orgullo de venir hoy a Olavarría, un municipio que está siendo especialmente golpeado por las políticas económicas del Gobierno nacional, para inaugurar la obra más importante de los últimos 30 años para el Poder Judicial bonaerense”. “Esto que debería ser común, habitual, implica un verdadero contraste con lo que sucede en el país: aquí hay una Provincia que resiste al ajuste y trabaja para que todos los y las bonaerenses que buscan justicia tengan la respuesta que se merecen”, añadió.

“Este edificio había sido paralizado por el Gobierno provincial que nos precedió y se podría haber convertido en un elefante blanco en medio de la ciudad. Decidimos invertir, junto a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, más de 20 millones de dólares porque aquí no hay motosierra, hay inversión para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Este es un logro colectivo, que demuestra que si todos cumplimos con nuestra parte las obras no se paralizan, se empiezan y se terminan”.

El nuevo complejo centraliza en un solo predio todas las dependencias que anteriormente se encontraban en distintos espacios alquilados, garantizando una gestión más cómoda y eficiente para la comunidad. A partir de una inversión de $26.800 millones, financiada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y ejecutada por el gobierno bonaerense; en el Polo funcionarán los fueros Civil y Comercial; Penal; Laboral; de Familia; y de Responsabilidad Penal y Juvenil, con sus respectivas instituciones y dependencias de la Suprema Corte.

Por su parte, Mena sostuvo: “La importancia de construir un polo judicial que concentra todas las oficinas tiene que ver no solo con garantizar el bienestar de los trabajadores de los distintos organismos, sino también con dar más y mejor acceso a la Justicia a todos los bonaerenses”.

La obra del Polo Judicial, que había sido paralizada en 2018, cuenta con más 8.800 metros cuadrados y está ubicada en el centro de la ciudad. Implica un beneficio para todos los municipios que integran el Departamento Judicial: Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.

En tanto, Kogan remarcó: “A 110 años de la creación de este departamento judicial, para la Corte de la Provincia de Buenos Aires es un orgullo y una gran responsabilidad la inauguración de este edificio central”. “La culminación de esta obra es una respuesta efectiva a las necesidades de los trabajadores del Poder Judicial y de las personas que vienen en búsqueda de soluciones”, agregó.

“Este nuevo edificio va a nuclear a magistrados, profesionales y trabajadores del derecho y se va a convertir en un faro de justicia para toda la Provincia: agradecemos al Gobierno bonaerense por concluir este proyecto que agilizará los servicios en toda la región”, subrayó Wesner.

Por último, Kicillof señaló: “Le pido al Poder Judicial bonaerense que nos acompañe en el reclamo que hacemos por los fondos que el Gobierno nacional le ha robado a la provincia de Buenos Aires”. “Si no cambian estas políticas económicas, nuestro pueblo va a sufrir aún más las consecuencias del ajuste: tomemos conciencia, defendamos a nuestra gente y revalidemos el compromiso de seguir trabajando para mejorar todos los días”, concluyó.

Obras en materia de seguridad y entrega de ambulancia

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, recorrieron la obra de refacción y puesta en valor del edificio donde funcionará el Comando Patrullas de la Policía provincial, al cual se sumarán 50 efectivos en el marco de la política de repatriación del personal policial.

Asimismo, se firmaron convenios entre el Ministerio de Seguridad provincial y el municipio para su incorporación al programa “Entramados”, que tiene como fin la prevención del delito y la reincidencia juvenil; y para la adhesión al “Anillo Digital Provincial”, un sistema de lectura de patentes vehiculares. Además, se suscribió un acuerdo mediante el cual la Provincia brinda capacitación profesional a la nueva Guardia Urbana local.

Por último, el Gobernador junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; los intendentes de Azul, Nelson Sombra; de Bolívar, Eduardo Bucca; de Laprida, Alfredo Fisher; y de Tapalqué, Gustavo Cocconi; el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Sergio Gabriel Torres; y el ministro de la misma, Daniel Fernando Soria; funcionarios y funcionarias municipales.

 

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Morón presentó un proyecto para permitir la detención de quienes violen restricciones perimetrales

Impulsa una modificación al Código de Procedimientos bonaerense para fortalecer la protección de las víctimas de violencia de género.

25/11/2025

El Intendente de Morón, Lucas Ghi, anunció este martes la presentación de una iniciativa de ley destinada a fortalecer la protección de las víctimas de violencia de género y familiar mediante una modificación al Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires. El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la ONU para sensibilizar y combatir esta problemática.

El objetivo principal del proyecto, presentado ante especialistas y referentes del derecho del ámbito local, provincial y nacional, es facultar a los jueces a detener a quienes incumplan las restricciones perimetrales que impiden el acercamiento a la víctima.

Actualmente la legislación presenta una “zona gris” que genera diferencias en la aplicación de sanciones frente a la violación de una restricción perimetral. Esta situación permite que en muchos casos el agresor pueda acosar, amenazar o incluso volver a agredir a la víctima. El proyecto apunta a prevenir este tipo de situaciones.

“Estamos muy reconfortados por haber podido generar en Morón este proyecto, que entregaré personalmente a las autoridades de nuestra provincia, y en el que se trabajó con tanta responsabilidad junto al Departamento Judicial de Morón, asociaciones intermedias y especialistas en la materia”, expresó Ghi.

En ese sentido, señaló que “la violencia de género se combate con medidas concretas, articulación entre el Estado y los privados y protección a las víctimas, lejos del oportunismo político y de los falsos compromisos de quienes se escandalizan según quién sea el victimario o la víctima”.

El proyecto fue elaborado entre el Municipio de Morón, representado por el secretario de Seguridad, Dr. Damián Cardoso; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, Dr. Matías Rappazzo; y el Dr. Fabián Cardoso, del Observatorio Federal de Seguridad y Justicia.

También aportaron a la iniciativa la Fiscal General del Departamento de Morón, Karina Iuzzolino, y la Defensora General Claudia Susana Bonanata.

Acompañaron la presentación la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, Mercedes Conti; la secretaria general de la entidad, Andrea Molaro; Sandra Pepe, titular del Observatorio Federal de Seguridad y Justicia; y Gladys Pellegrini, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

También estuvieron presentes el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez; el titular del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Almeyda; y el director del área de Víctimas del Delito de la Secretaría de Seguridad de Morón, Emanuel Terrón.

El Intendente estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura De Peri, entre otros funcionarios que participaron del encuentro realizado en el Salón Mariano Moreno.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso para cuidar y acompañar a las víctimas de violencia de género y familiar mediante una protección efectiva, permanente y responsable.

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Causa Geriátrico Apart Los Incas: comenzó el juicio por la muerte de 10 personas en pandemia

La residencia para adultos mayores ubicada en Belgrano fue la primera con contagios masivos de Covid-19.

22/05/2025

En abril de 2020, cuando la ola de contagios de Covid-19 empezaba a crecer y las restricciones de circulación eran cada vez mayores, los ojos de la opinión pública se posaron en una residencia geriátrica, en donde se registró un contagio masivo y ocurrieron las primeras muertes en este tipo de establecimientos. Sucedió en el Geriátrico Apart Los Incas, en Avenida de los Incas y Zapiola, en Belgrano R. El lugar fue desalojado con los móviles de televisión mostrando el traslado de los pacientes y el personal. Diez personas murieron por el virus y la investigación reveló una trama de negligencia por parte de los dueños.

A cinco años de la tragedia, esta semana finalmente comenzó el juicio contra los titulares del geriátrico. La causa tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los magistrados Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo.

La residencia era gestionada por los apoderados Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, bajo la dirección médica de Carla Raffo. Los tres están imputados por homicidio culposo agravado y violación de las medidas sanitarias durante una pandemia, según establece el artículo 205 del Código Penal. Además, se les atribuyen lesiones culposas y múltiples omisiones en el cuidado de los residentes.

Según la causa, los acusados habrían incurrido en al menos nueve irregularidades: desde no tomar la temperatura a los residentes hasta presionar a empleadas para que trabajaran pese a tener síntomas compatibles con COVID-19. También se documentaron fallas graves como la falta de equipos de protección, demoras en realizar hisopados y omisiones en la actualización de historias clínicas.

A su vez, también está siendo juzgada Paula Verónica Trunzo, Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos, por el supuesto incumplimiento de sus deberes. La funcionaria es acusada de haber incumplido su obligación de denunciar irregularidades detectadas en inspecciones realizadas entre 2017 y 2020 en el Geriátrico Apart Incas, lo que hubiera evitado los contagios si se disponía la clausura del lugar.

A pesar de ello, el Procurador General de la Ciudad aceptó un ofrecimiento de la defensa de la imputada para que la funcionaria quede impune a cambio de una reparación de cuatro millones de pesos a favor de la Ciudad, montos que no se aplicarían a las víctimas. El Tribunal rechazó este pedido por unanimidad.

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