POLÍTICA
"Justicia a la Carta" por Alicia Aparicio
(Especial) Análisis, opinión de la Diputada Nacional del Frente de Todos.
Justicia a la carta
Por Alicia Aparicio*
En un contexto de pandemia, en donde la segunda ola presenta un crecimiento exponencial diarios de contagios, Argentina, como Brasil, Uruguay, México, Chile, Paraguay, Francia o Alemania tomaron las mismas medidas: suspender las clases presenciales para evitar la circulación de personas y por ende los contagios y muertes. Quienes durante este año han perdido familiares y amigos o han transitado la enfermedad en forma compleja saben de qué hablamos cuando hablamos de Coronavirus. Esta pandemia no discrimina y sólo cuidándonos vamos a poder sobrellevarla de la mejor forma posible.
El año pasado los argentinos y las argentinas han tenido el compromiso necesario para que, entre todos/as, frenemos la inminente llegada de la pandemia. El esfuerzo realizado ha permitido a los gobiernos nacional, provinciales y municipales adecuar el sistema sanitario y evitar la foto que nos mostraba Europa con pacientes que no tenían camas para ser tratados o a médicos/as eligiendo a quién prestarle servicio porque no se llegaba a cubrir la demanda.
Este año nos toca atravesar la segunda ola y quienes vivimos en el AMBA sabemos que el aglomeramiento y la circulación nos pone en una zona de mayor riesgo. Es así que nuestro presidente, Alberto Fernández ha tomado la decisión por medio del DNU 241/2021 de aumentar restricciones para que por 15 días se limite la circulación y con ello los contagios.
Lamentablemente a veces la mezquindad política nos lleva por caminos sinuosos. Caminos que ponen en riesgo a la población que decimos representar. Tal es el caso de la decisión implementada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de oponerse a lo dictaminado en un Decreto de Necesidad y Urgencia sin contemplar el estado de situación que atraviesa el sistema sanitario y encontrando en una “justicia a la carta” el relato necesario para imponerse políticamente.
Nos encontramos frente a un escándalo jurídico sin precedentes que genera no solo desconcierto ante madres, padres y comunidad educativa, sino que también genera un riesgo a la salud pública en el marco de una pandemia. El presidente Alberto Fernández tomó una decisión de Estado para preservar la salud de millones de argentinas y argentinos.
Con estas acciones la oposición pretende instalar el falso postulado que las medidas sanitarias implementadas van en desmedro de la educación. Así como el año pasado plantearon la dicotomía salud versus economía. El punto pareciera ir contra todo, incluso con el bienestar de la población.
Todos creemos que la presencialidad es vital para la educación. Así como lo sostuvimos en el 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cerraban escuelas y programas educativos. Hoy lo seguimos sosteniendo. Por ello, bregamos para que las clases presenciales sean retomadas apenas se supere el pico de contagios que atravesamos.
En un nuevo intento de judicializar la política, el Gobierno de la Ciudad se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del DNU, pese a que la autonomía que nuestra Carta Magna le otorga a la Ciudad Autónoma difiere del carácter federal de las provincias.
Por otro lado, la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas presentó un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. El juez de grado se declaró incompetente para impugnar una norma federal y denegó la cautelar.
La Fundación apeló y el juez de primera instancia también denegó la apelación por “falta de competencia”. Frente a ello la peticionante plantea un recurso de queja por apelación denegada y logra que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, no solo resuelve la queja por apelación denegada considerando con competencia para entender sobre la aplicación de una norma federal, sino que resuelve la medida de fondo, otorgando a la fundación la medida cautelar, sin darle intervención al órgano que dictó la medida.
Esta medida que afecta de manera directa la garantía constitucional de defensa en juicio no contempla la opinión de expertos sanitarios en el marco de una pandemia.
Es decir, un fuero que tiene intervención y competencia sobre cuestiones de la ciudad y que solo puede hacer control de constitucionalidad sobre los dictados por el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad, resuelve sobre el alcance y constitucionalidad de una norma federal. Esto podría generar un precedente para que el día de mañana se produzca algo tan insólito como que un ciudadano de CABA se presente a impugnar tanto un decreto como una Ley Nacional.
Quienes se arrogan ser los “defensores de las instituciones” utilizan todo lo que tengan a su alcance para defender sus intereses mezquinos de una disputa política poniendo en juego nada más ni nada menos que la salud de los argentinos y las argentinas.
El DNU 241/2021 no legisla sobre política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia y con el solo objetivo de preservar a la ciudadanía y evitar que, en un colapso sanitario, los/as trabajadores de salud tengan que elegir a qué paciente atender. Seamos responsables, cuidemos la salud de nuestro pueblo.
(*) Diputada Nacional del Frente de Todos
POLÍTICA
Intendentes del conurbano, preocupados por la situación económica, el empleo y las obras paralizadas
Intendentes e intendentas peronistas de la Primera Sección Electoral de la Provincia se reunieron en Pilar.
En un contexto de creciente preocupación por los efectos que el modelo económico que propone el gobierno nacional está teniendo sobre la vida de los bonaerenses y su economía, los intendentes e intendentas del Peronismo de la Primera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que alberga a más de 6 millones de habitantes, se reunieron en Pilar.
El encuentro, que tuvo lugar en el predio del ex Instituto Pellegrini, fue encabezado por el intendente de Pilar, Federico Achával, y contó con la participación de Mariel Fernández (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Juan Ustarroz (Mercedes), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Boto (Luján), Javier Osuna (Las Heras), Damián Selci (Hurlingham) y Juan Luis Mancini (Suipacha).
Durante la reunión, los intendentes expresaron su inquietud ante la decisión del gobierno nacional de frenar obras que son clave para el desarrollo, el crecimiento y la creación de oportunidades en sus municipios. "Se trata de decisiones que afectan a los bonaerenses, ante las cuales debemos hacer frente para seguir acompañando a quienes más lo necesitan, defendiendo los intereses de cada vecino", manifestaron en un comunicado conjunto.
La principal preocupación de los mandatarios locales se centró en los efectos negativos del modelo económico promovido por el gobierno nacional, que, según destacaron, está perjudicando la economía y la vida cotidiana de los vecinos. "Desde los municipios, trabajamos día a día por un mayor desarrollo productivo, con más industria nacional. Vemos todos los días el impacto de este modelo en el empleo y en el consumo", señalaron.
Otro de los temas abordados fue la reciente aprobación en el Senado de la fórmula de movilidad jubilatoria, una medida que los intendentes calificaron como "un acto de cuidado y reparación para nuestros jubilados que ven caer mes a mes sus ingresos". Sin embargo, advirtieron que es necesario "encauzar el rumbo de la economía para generar un impacto positivo en la realidad de nuestro pueblo".
En la misma línea, expresaron su alarma por el informe de UNICEF que revela que más de 1 millón de niños y niñas en Argentina se van a dormir sin cenar. "Desde los municipios vamos a seguir trabajando junto a la Provincia y a las instituciones de la comunidad para acompañar a quienes más lo necesitan. Ninguna familia argentina debe pasar hambre", subrayaron.
Asimismo, los intendentes discutieron las posibles consecuencias del nuevo ajuste propuesto por la administración nacional, que incluye la eliminación del boleto integrado, una medida que, afirmaron, "impactará en la vida diaria de los usuarios bonaerenses y los trabajadores del transporte".
Finalmente, los jefes comunales coincidieron en que estas decisiones del gobierno nacional “profundizan la desigualdad” y cargan un peso desproporcionado sobre los municipios y la Provincia de Buenos Aires, que ya están realizando un enorme esfuerzo por no abandonar a sus comunidades. "Creemos que es necesario trabajar en un nuevo encadenamiento productivo, con la mirada puesta en la gente, para poder tener un efecto positivo en la economía real de los argentinos", sostuvieron.
“Queremos un país con empleo e igualdad de oportunidades, que nos permita desarrollarnos en todas nuestras potencialidades. Seguiremos trabajando por el mismo objetivo: municipios con más oportunidades, una provincia productiva y un país más justo”, concluyeron en el comunicado.
POLÍTICA
Eduardo Setti: “Mientras Milei se divierte y canta, la economía se cae a pedazos”
El exsecretario de Finanzas apuntó contra el ministro Luis Caputo por los estragos que están causando en la economía.
El exsecretario de Finanzas de la Nación, Eduardo Setti, alertó que las políticas económicas que lleva adelante el ministro Caputo ya están generando estragos en la economía argentina. "Para ellos, la casta son los trabajadores y los someten a pagar el ajuste".
Según los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja del 8,4% en marzo, en comparación a igual mes del año pasado. De esa manera, el trimestre cerró con una caída en el nivel de actividad del 5,3%.
Con respecto a la situación actual y a los datos económicos, el economista del FR apuntó al ministro de economía y expresó: “Nicolas Caputo vino a terminar con la casta y terminó protegiendo y financiando con el Estado a las empresas de su primo Nicky. Con los más de 1500 millones de dólares del régimen que beneficia a su primo podría evitar ampliar el impuesto a las ganancias”.
Sobre la caída del empleo y la realidad de las Pymes, expresó: “La caída de casi 100 mil empleos privados muestra claramente quién paga los costos del ajuste. Caputo no piensa en los problemas de la producción y el empleo. Todas las actividades económicas cayeron en los últimos meses, las pymes no pueden mantener a sus empleados si no tienen ventas, las obras de infraestructura se encuentran frenadas en todo el país. Estamos frente a una situación crítica y, encima, a los trabajadores este gobierno los tratan como si fueran casta”.
Por último remarcó: “desde que asumió Caputo la inflación acumula 107%, la actividad industrial cayó 22,2% en todos los sectores y se perdieron más de 150.000 empleos, 94.000 del sector privado. Caputo es el ministro de la caída de la actividad y la recesión”.
Por su parte, el ex Secretario de Industria y Desarrollo Productivo en el Ministerio de Economía durante la gestión de Sergio Massa como ministro y referente del FR, en su cuenta de X salió al cruce también, frente a la crisis de empleo que se está produciendo.
Expresó el siguiente texto:
“Datos, no relato:
⬆️ Primer trimestre de 2023: lográbamos 33 meses seguidos de creación de trabajo industrial formal 👉 argentina.gob.ar/noticias/el-em…
⬇️ Primer trimestre de 2024: se perdieron 100.000 empleos privados con el gobierno de Milei”.
Durante los últimos días también hizo mención en la red social a la caída de la producción: “La mitad de la industria del país está parada. Con respecto a hace un año, es una caída de 14 puntos porcentuales. Una tragedia para la producción y el trabajo argentinos”, expresó De Mendiguren.
POLÍTICA
Javier Rodríguez sobre la Ley Ómnibus: “Lo que queda es absolutamente negativo para la producción y las industrias locales”
El Ministro de Desarrollo Agrario bonaerense habló sobre el impacto de las modificaciones que plantea la ley en el agro.
“Entre el DNU y la Ley Ómnibus hay más de 600 leyes que se pretenden modificar. Eso sin ninguna duda ha generado una enorme complejidad porque es imposible debatir de una manera profunda cada uno de los temas. Lo que se ha visto en estos días tiene que ver con eso, con muy poco debate, con muy poca justificación de muchas de las medidas más importantes. Y medidas que inciden absolutamente en un campo muy muy amplio de temas”, expresó en Poné Noticias el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. El funcionario bonaerense habló en el programa de Radio con Vos sobre el impacto de las modificaciones que plantea la Ley Ómnibus y el DNU en el agro y las negociaciones en el Congreso.
Para entrar en el tema, Rodríguez explicó que en lo vinculado al sector agropecuario, las modificaciones van desde “la Ley de Tierras, donde permite la extranjerización; modificaciones en la Ley de Semillas, tendientes a modificar lo que se conoce como el uso propio sobre todo de los pequeños y medianos productores; y modificaciones que tienen que ver con el comercio final, desde los derechos de exportación a la modificación de la Ley de Góndolas que les permitía dar un espacio a aquellos productores más pequeños, cooperativas, Pymes, en los distintos supermercados. Todos los casos tienen como eje transversal que son propuestas que tienden a favorecer una mayor concentración, una extranjerización y en muchos casos que actúan directamente en detrimento de la industrialización, como es el caso de la Pesca o en la Ley de Biocombustibles”.
Al hablar de las retenciones, un punto clave de negociación, el funcionario bonaerense sostuvo: “La propuesta del gobierno de Milei fue aumentarlos de manera generalizada. Es algo que está planteado en la Ley Ómnibus, algo que también contradice mucho a las cuestiones que estuvo planteando en la campaña. Porque en general hablaba de reducir los impuestos, no de aumentarlos y además aplanarlos. Es decir, llevarlos a todos a niveles similares, tanto sea la materia prima como el producto industrializado”. En este sentido explicó: “Lo que está haciendo es aumentar más el impuesto a los productos industrializados. Por ejemplo, aumenta el derecho de exportación a la cebada, pero aumenta todavía más, hasta emparejarlo, para la malta y aumenta más todavía a la cerveza. Entonces con aquellos que exportan malta, por ejemplo, que le agregan un proceso de industrialización, estuvimos conversando y nos decían que esto para ellos iba a ser prácticamente perder la posibilidad de exportar a Brasil. Es cierto que en los últimos días se empezó a hablar de algunas modificaciones. Lo que vemos es que en general muchos de los planteos tienen que ver con que en realidad lo que se necesita es una discusión más seria, más profunda; y en muchos casos un rechazo. El caso de la industria cervecera y de la cebada es un ejemplo muy claro en donde el sector está planteando rechazar los efectos de esta Ley Ómnibus”.
Otro punto que suma a los impactos en el agro es la posible privatización del Banco Nación (que en las últimas horas en los cambios presentados en el Congreso se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial). “Para todo el sector productivo el Banco Nación es un banco fundamental en el apalancamiento productivo. Por lo general tiene líneas especiales para fomentar la inversión”, afirmó Rodríguez, quien mencionó su impacto en la lechería: “Es algo tan importante para la lechería, fomentar permanentemente la inversión, la incorporación de nuevas tecnologías. Se está planteando acá no contar con una herramienta muy importante. Por eso la verdad que el nivel de preocupación es muy grande; y está también la percepción de que no hay una escucha con respecto a esto”.
En este sentido de falta de escucha a los sectores en el debate, el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires destacó al sector de la pesca. “Me lo planteaban de una manera muy clara, porque entiende que tiene que ser rechazado por completo el capítulo correspondientes a las modificaciones para ese sector - contó -.Y ahora se propusieron algunas modificaciones pero la verdad que lo que queda también es absolutamente negativo para la producción, para la generación de trabajo y para las industrias locales”. “En la Provincia de Buenos Aires es muy importante la pesca. En Mar del Plata estamos hablando de unos 30 mil puestos de trabajo. Nosotros incluso estuvimos hablando con grandes empresarios que nos decían que ellos, en principio antes de la aparición de este proyecto de ley, ya estaban demorando posibles inversiones futuras porque entendían que este no era el contexto. Pero además dicen ‘si esto termina de ser aprobado, vamos a tener que desinvertir’”.
¿Qué se espera en los próximos días respecto a esta situación? “Que el Congreso defina, que haya un debate y posicionamiento en cada una de estos temas y que se escuche también lo que están planteando los distintos sectores, empresarios y trabajadores. Y la verdad en ese sentido esperamos por supuesto un rechazo de esta ley por todas estas consecuencias negativas que trae”, sostuvo en Poné Noticias.
Y finalmente el ministro concluyó: “Yo mencioné siete u ocho temas de 600 leyes; leyes que algunas se quieren derogar. Leyes que se aprobaron, por ejemplo, en el año 2021. Es decir, hace no tanto tiempo. Que llevaron muchos meses de debate, de acuerdos, que finalmente se comprendió que esa era la mejor ley. Y ahora se quiere tirar por la borda por completo ese régimen y plantear otro. La verdad que cuestiones que van en detrimento del empleo, de la inversión, queda clarísimo que no son de necesidad y urgencia. Evidentemente hay algunos sectores muy minoritarios que se verían beneficiados o que en función de esto tendrían más privilegios. Pero cuando hablamos de la mayoría, la verdad que se lleva las peores condiciones”.
Cabe destacar que el Gobierno nacional ya envió al Congreso el texto con las devoluciones a las modificaciones que solicitó una parte de la oposición a la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. En estos momentos, los diputados analizan el documento para evaluar si llegan a un acuerdo o, bien, si exigen más cambios.
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