21/01/2026

Por Santiago Quintana, Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud*

En el debate público sobre la reforma laboral suele hablarse de empleo, costos y competitividad. Mucho menos visible —aunque no menos relevante— es lo que ocurre cuando una modificación aparentemente menor impacta de lleno en el financiamiento del sistema de salud. Eso es exactamente lo que sucede con el artículo que reduce el aporte patronal destinado a las obras sociales del 6% al 5%.

¿Qué dice ese artículo y por qué importa?

El artículo en cuestión modifica la ley reduciendo en un punto porcentual la contribución que los empleadores deben hacer al sistema de obras sociales, pasando del 6% al 5% de la remuneración de cada trabajador. Ese aporte, junto con el aporte trabajador del 3%, conforma el financiamiento básico de las obras sociales sindicales, que representan la cobertura de salud de millones de trabajadores y sus familias. 

Los promotores de la reforma sostienen que esta reducción alivia el “costo laboral” y promueve la formalización del empleo. Pero incluso ellos reconocen implícitamente que ese punto tiene efectos significativos sobre el flujo de recursos del sistema.

Datos duros: ¿cuánto significa un punto?

La magnitud del impacto económico no es menor:

• Según estimaciones sindicales, esta reducción implicaría una pérdida mensual cercana a los $16.500 millones solo para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) —el mecanismo que compensa entre obras sociales de mayor y menor recaudación— y hasta unos $90.000 millones mensuales para el conjunto de las obras sociales si se suman todas las caídas de aportes. En total, el recorte podría superar los $100.000 millones al mes.
• Asociado a estas cifras, un informe de la CGT estima que la pérdida anual para el sistema sería de entre 679 y 700 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente el 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI).
• Otros análisis proyectan que si se toma como referencia el salario promedio informado por el SIPA, la caída anual de ingresos por esta medida —sumada a otras modificaciones laborales— podría rondar los USD 1.000 millones solo por la parte destinada a obras sociales.

Estas cifras no son abstracciones contables: son recursos que hoy se usan para pagar prestaciones médicas, tratamientos de alta complejidad, medicamentos, salarios administrativos, prestaciones de discapacidad y convenios con prestadores de salud.

Ejemplos concretos del impacto

Para dimensionar lo que significa este ajuste:

• El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es clave para que obras sociales pequeñas, con pocos aportantes, puedan cubrir prestaciones de alto costo o servicios en zonas de menor recaudación. Una caída de $16.500 millones por mes en ese fondo puede traducirse en suspensiones o reducciones de prestaciones críticas en esas obras sociales.
• Si se generaliza una caída de casi $100.000 millones por mes en ingresos totales, algunas obras sociales podrían encontrarse obligadas a recortar prestaciones o trasladar cargas a los afiliados, como mayores copagos o restricciones en autorizaciones, para equilibrar sus cuentas.
• En un contexto de inflación y aumento sostenido de los costos de tratamientos y medicamentos, menos recursos por afiliado puede significar menor acceso a atención de calidad, especialmente para prestaciones de alta tecnología o tratamientos crónicos, que son crecientes.

¿Quién paga el costo del “alivio” patronal?

Una pregunta clave atraviesa este debate: si el sistema recibe menos recursos, ¿quién absorbe la diferencia?

Las opciones no son mágicas:

• Podría traducirse en menor cobertura o mayores trabas administrativas dentro de las obras sociales.
• Podría implicar un traslado del costo al sector público de salud, que ya funciona al límite.
• Podría derivar en copagos más altos o restricciones de acceso para los afiliados.

En todos los escenarios, el costo tiende a recaer sobre los trabajadores, las familias y los municipios y provincias que sostienen el sistema sanitario público.

¿Reforma laboral o reforma del sistema de salud?

El problema de fondo no es que el sistema de obras sociales no necesite cambios estructurales —los necesita, desde su fragmentación hasta su vínculo con la informalidad laboral. Pero una cosa es reformar con una mirada integral, y otra muy distinta es desfinanciar una pieza clave sin un plan de compensación, mecanismos alternativos de financiamiento o mecanismos de protección de la cobertura.

Reducir el financiamiento sin una estrategia clara de ajuste integral equivale a intervenir una pieza central del sistema sin mirar el tablero completo. Y cuando se trata de salud, las decisiones “técnicas” no se pagan con balances contables: se pagan con el acceso efectivo a la atención de millones de personas.

Hacia un debate informado y democrático

La salud no es un gasto más ni un costo laboral accesorio. Es un derecho social y un componente esencial del contrato social argentino. Por eso, cualquier modificación que afecte su financiamiento debería darse en un debate amplio, transparente y basado en evidencia.

Reducir un punto porcentual puede parecer poco en una planilla, pero en un sistema que atiende a más de la mitad de la población, ese punto tiene nombre, rostro y consecuencias concretas. Y esas consecuencias deben ser discutidas, no solo entre tecnócratas, sino con la sociedad entera.

* Santiago Quintana es Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Se dedica íntegramente a la promoción, desarrollo e implementación de políticas públicas en salud. Es autor de los libros "Crónicas de lucha; mujeres y hombres que revolucionaron la legislación sanitaria argentina", “Crónicas de Lucha II – historias que revolucionaron la legislación sanitaria argentina” y "CÓDIGO POSTAL; Dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, la inmoral inequidad sanitaria porteña".

13/01/2026

Por Santiago Quintana, Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud*

En salud pública, hay decisiones que no son neutras. No son meros reordenamientos administrativos ni simples recortes presupuestarios. Son definiciones políticas que trazan una línea clara entre quiénes tienen derecho a vivir y quiénes quedan librados a su suerte. El desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) es una de esas decisiones.

El PNCC no fue un programa más. Fue una política pública estratégica, construida a lo largo de más de quince años, orientada a garantizar el acceso equitativo al diagnóstico, derivación, cirugía y seguimiento de niños y niñas con cardiopatías congénitas sin cobertura de salud. Su lógica era clara: sin intervención estatal, el mercado no resuelve la alta complejidad pediátrica, y la geografía, el ingreso y la fragmentación del sistema se convierten en barreras mortales.

En 2023, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.713, que institucionalizó el programa como política de Estado. La norma tuvo un respaldo parlamentario casi unánime. Hubo, sin embargo, dos votos en contra: Javier Milei y Victoria Villarruel. No fue una casualidad ni un detalle menor. Fue una señal temprana de una concepción del Estado que hoy se expresa con crudeza en la gestión.

Una política pública que salvaba vidas

Cada año nacen en Argentina alrededor de 7.000 niños con cardiopatías congénitas. Aproximadamente la mitad requiere una intervención quirúrgica en el primer año de vida para sobrevivir. Sin una red federal que articule diagnóstico precoz, derivación oportuna, transporte sanitario y cirugía de alta complejidad, esas posibilidades se reducen drásticamente.

El PNCC funcionaba como un sistema integrado, con un centro coordinador nacional y nodos provinciales, que permitía que un niño nacido en una localidad periférica tuviera las mismas chances de sobrevivir que uno nacido en un gran centro urbano. Esa es, precisamente, la función indelegable del Estado en salud: corregir desigualdades estructurales que el mercado reproduce.

Gracias a este programa, Argentina logró eliminar listas de espera quirúrgica en cardiopatías infantiles, mejorar tasas de sobrevida y reducir muertes evitables. No fue magia ni eficiencia privada: fue planificación estatal, inversión pública y capacidad técnica acumulada.

El desmantelamiento como decisión política

A fines de 2025, el Ministerio de Salud avanzó en la no renovación de contratos del equipo profesional que coordinaba el PNCC, vaciando de hecho la conducción técnica del programa. Se redujeron funciones, se desarticuló la red operativa y se debilitó la capacidad de respuesta del sistema. Aunque desde el discurso oficial se intenta presentar esto como una “reorganización”, en términos de política pública el resultado es claro: un programa sin conducción especializada no funciona.

En salud, la alta complejidad no se sostiene con estructuras administrativas vacías. Requiere equipos con experiencia, toma de decisiones clínicas y logísticas en tiempo real, y coordinación federal efectiva. Cuando eso se pierde, lo que aumenta no es la eficiencia, sino el riesgo.

La coherencia ideológica del ajuste

Nada de esto es contradictorio con lo que el actual Presidente sostuvo públicamente. En una entrevista televisiva en Todo Noticias (TN), Javier Milei fue explícito: el Estado no debería hacerse cargo de este tipo de prestaciones. La frase no fue un exabrupto, sino la expresión coherente de una visión que concibe a la salud como un bien individual y no como un derecho social.

El problema es que esa concepción choca de frente con la realidad del sistema de salud argentino y con los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el país. La atención de cardiopatías congénitas no es optativa, no es postergable y no puede depender de la capacidad de pago de las familias.

Cuando el Estado se corre, alguien paga el costo

El retiro del Estado no genera libertad: genera desigualdad. En este caso, una desigualdad que se mide en kilómetros, en demoras, en cirugías que no llegan a tiempo. El impacto del desmantelamiento del PNCC no se expresa en balances fiscales, sino en historias concretas de familias que vuelven a quedar solas frente a un sistema fragmentado y excluyente.

Defender el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas no es una discusión corporativa ni nostálgica. Es defender una política pública basada en evidencia, que demostró resultados, que salvó vidas y que expresó una idea de país donde el lugar de nacimiento no define las posibilidades de supervivencia.

En salud, achicar el Estado no es neutral. Es una decisión que mata.

* Santiago Quintana es Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Se dedica íntegramente a la promoción, desarrollo e implementación de políticas públicas en salud. Es autor de los libros "Crónicas de lucha; mujeres y hombres que revolucionaron la legislación sanitaria argentina", “Crónicas de Lucha II – historias que revolucionaron la legislación sanitaria argentina” y "CÓDIGO POSTAL; Dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, la inmoral inequidad sanitaria porteña".

11/12/2025

El intendente Federico Achával recorrió el nuevo Centro Cardiovascular que funciona dentro del Hospital Central de Pilar. Este espacio, que se sumó este año al sistema de salud del distrito, amplía la atención especializada en patologías cardiovasculares y cuida el corazón de los vecinos de todo Pilar.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó: “Para nosotros la salud es un derecho. Por eso trabajamos todos los días desde hace seis años para garantizar el cuidado a cada vecino".

A su vez remarcó que "el Centro Cardiovascular que está en pleno funcionamiento y cuida la vida de la comunidad es parte de esa mirada".

El nuevo Centro Cardiovascular fue inaugurado este año y cuenta con médicos especializados, nuevos consultorios, equipamiento de última generación para brindar atención gratuita en la prevención y en el tratamiento de patologías coronarias.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Salud, Hermán Galimberti, y la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui. "Seguimos trabajando para garantizar el derecho a la salud pública y de calidad para todos los pilarenses”, cerró Achával.