27/02/2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de la sala que alberga el nuevo tomógrafo entregado en diciembre al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende de Mar del Plata. En tanto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recorrió el Hospital Materno Infantil Don Victorino Tetamanti, donde también se está instalando un nuevo tomógrafo que estará pronto en funcionamiento. Con una inversión total de US$1.418.000, estos equipos permiten resolver diagnósticos dentro de la institución, evitando derivaciones y tiempos de espera para los pacientes.

Al respecto, Kicillof remarcó: “Hicimos una inversión muy grande para traer equipamiento de primer nivel a este hospital, hay solo tres tomógrafos con esta tecnología en todo Latinoamérica: este equipamiento nos permite brindar nuevas prestaciones para salvar o mejorar vidas”.

“Aunque el Gobierno de Javier Milei nos asfixie y nos haya quitado ilegalmente recursos por más de $15 billones, en la Provincia vamos a seguir haciendo nuestro máximo esfuerzo para mejorar la calidad de la salud pública bonaerense”, concluyó.

Asimismo, el Gobernador inauguró la segunda farmacia exclusiva para el personal de la Policía de la provincia. La misma alcanza a agentes en actividad, retirados, pensionados y su grupo familiar; y ofrece descuentos adicionales a IOMA.

Participaron de las actividades los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; las subsecretarias de Promoción de la Salud y el Bienestar Policial, Agustina Baudino; de Turismo, Soledad Martínez; su par de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; el senador provincial Jorge Paredi; los intendentes de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el director ejecutivo del HIGA, Matías Tártara; y la secretaria general de SADOP, Adriana Donzelli.

19/02/2026

Por Santiago Quintana, Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud*

En la actualidad, la Argentina enfrenta un problema estructural que trasciende las coyunturas políticas y económicas, y que tiene un impacto directo en la vida de millones de personas: la desigualdad en salud. Aunque la cobertura sanitaria parece estar garantizada por un sistema que ofrece acceso a la salud para todos, la realidad es que el acceso real y efectivo a los servicios de salud está lejos de ser equitativo. En este contexto, surgen dos términos fundamentales que conviene diferenciar: inequidad en salud e inequidad sanitaria.

La inequidad en salud refiere a las disparidades en el estado de salud entre distintos grupos sociales, territoriales y económicos. Estas diferencias, en su mayoría, son evitables y, por lo tanto, injustas. Mientras tanto, la inequidad sanitaria se refiere a las desigualdades en el acceso y en la calidad de los servicios sanitarios disponibles. Ambas se entrelazan y forman el núcleo del problema que afecta a gran parte de la población argentina, principalmente a los sectores más vulnerables.

La brecha mortal

Uno de los datos más impactantes que ilustra esta desigualdad es la tasa de mortalidad infantil. En el norte del país, la tasa de mortalidad infantil es considerablemente más alta que en el sur. Según los últimos informes del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias del norte, como Chaco, Formosa y Misiones, presentan tasas de mortalidad infantil que duplican a las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otras provincias del sur. En 2021, la tasa de mortalidad infantil en provincias como Formosa alcanzó los 15,2 por mil nacidos vivos, mientras que en la CABA fue de 6,1 por mil. Esta disparidad refleja, en primer lugar, la desigualdad en el acceso a servicios de salud de calidad.

Determinantes sociales de la salud

Los determinantes sociales juegan un papel crucial en la desigualdad en salud. La pobreza, la falta de educación y la exclusión social son factores clave que limitan el acceso a atención médica adecuada. En zonas rurales o en áreas con alta concentración de población vulnerable, la carencia de infraestructura sanitaria y la baja distribución de profesionales médicos se traduce en una desigualdad territorial en el acceso a los servicios. A pesar de los esfuerzos del gobierno por incrementar el acceso a la salud a través del programa de cobertura universal, la distribución desigual de médicos y centros de atención continúa siendo un desafío significativo.

Según datos del Censo 2022, el número de médicos en las provincias del norte es considerablemente inferior al de las provincias del centro y sur. En provincias como Salta o Jujuy, la densidad de médicos es de apenas 1,2 por cada 1.000 habitantes, mientras que en CABA alcanza los 5,6 por cada 1.000. Esto no solo refleja una inequidad en la distribución de los recursos humanos, sino también una inequidad en los resultados de salud. En estas provincias, los índices de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión son significativamente más altos, debido en parte a la falta de diagnóstico precoz y de tratamiento oportuno.

La pobreza y la salud

La pobreza es otro de los determinantes que más impacta en la desigualdad en salud. En el país, el 25,7% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, según datos del INDEC. Esta población enfrenta grandes dificultades para acceder a servicios de salud, no solo por la falta de infraestructura, sino también por los costos asociados al tratamiento médico, los medicamentos y los traslados a centros especializados. Esto genera un círculo vicioso en el que las personas más vulnerables terminan siendo las más afectadas por la mala salud, sin la posibilidad de mejorar su situación debido a la falta de acceso a servicios médicos adecuados.

La inequidad territorial en el acceso

Uno de los aspectos más alarmantes de la desigualdad en salud es la inequidad territorial en el acceso a la atención médica. En las provincias del norte y en áreas rurales, la distancia geográfica, la falta de transporte adecuado y la escasa oferta de atención primaria generan enormes dificultades para los pacientes. En algunas zonas, los pacientes deben viajar decenas de kilómetros para recibir atención médica, una barrera que se traduce en diagnósticos tardíos, mayor morbilidad y, en muchos casos, muertes evitables.

Por otro lado, la desigualdad en el acceso a establecimientos sanitarios se profundiza con la falta de hospitales, centros de salud y equipos médicos de alta complejidad en estas regiones. Mientras en Buenos Aires y otras grandes ciudades existen hospitales de alta especialización y centros médicos bien equipados, las provincias del norte aún luchan por contar con lo mínimo imprescindible. Esta inequidad sanitaria se vuelve más evidente cuando se observa la escasa cobertura de los programas de salud pública en zonas rurales y la falta de médicos especialistas en áreas críticas como la salud materna, neonatal y pediátrica.

Desigualdad de género y acceso a la salud

Un aspecto que no puede dejarse de lado es la desigualdad de género en el acceso a la salud. Las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, enfrentan barreras adicionales en su acceso a servicios médicos. La salud sexual y reproductiva sigue siendo un tema pendiente en muchas zonas del país, con una escasa oferta de servicios adecuados para prevenir embarazos no deseados, garantizar partos seguros y ofrecer atención postnatal. Esto se agrava en contextos de pobreza y exclusión social, donde las mujeres tienen menos poder de decisión sobre su salud y menor acceso a la información y a los recursos sanitarios.

¿Qué hacer frente a la desigualdad en salud?

La desigualdad en salud es el principal desafío sanitario de la Argentina. Para combatirla es necesario un enfoque integral que contemple no solo la ampliación de la cobertura sanitaria, sino también la mejora en la distribución de los recursos humanos y la infraestructura sanitaria. Es imperativo invertir en atención primaria de la salud en todas las regiones, con un enfoque especial en el norte del país y en las zonas rurales, y fortalecer los sistemas de salud pública para garantizar que las personas más vulnerables reciban atención de calidad. Además, se deben implementar políticas que aborden los determinantes sociales de la salud, como la pobreza y la educación, que son factores clave en la perpetuación de estas desigualdades.

La salud es un derecho, no un privilegio. Combatir la desigualdad en salud no solo es un imperativo moral, sino también una necesidad para construir una sociedad más justa, equitativa y saludable para todos.

* Santiago Quintana es Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Se dedica íntegramente a la promoción, desarrollo e implementación de políticas públicas en salud. Es autor de los libros "Crónicas de lucha; mujeres y hombres que revolucionaron la legislación sanitaria argentina", “Crónicas de Lucha II – historias que revolucionaron la legislación sanitaria argentina” y "CÓDIGO POSTAL; Dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, la inmoral inequidad sanitaria porteña".

21/01/2026

Por Santiago Quintana, Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud*

En el debate público sobre la reforma laboral suele hablarse de empleo, costos y competitividad. Mucho menos visible —aunque no menos relevante— es lo que ocurre cuando una modificación aparentemente menor impacta de lleno en el financiamiento del sistema de salud. Eso es exactamente lo que sucede con el artículo que reduce el aporte patronal destinado a las obras sociales del 6% al 5%.

¿Qué dice ese artículo y por qué importa?

El artículo en cuestión modifica la ley reduciendo en un punto porcentual la contribución que los empleadores deben hacer al sistema de obras sociales, pasando del 6% al 5% de la remuneración de cada trabajador. Ese aporte, junto con el aporte trabajador del 3%, conforma el financiamiento básico de las obras sociales sindicales, que representan la cobertura de salud de millones de trabajadores y sus familias. 

Los promotores de la reforma sostienen que esta reducción alivia el “costo laboral” y promueve la formalización del empleo. Pero incluso ellos reconocen implícitamente que ese punto tiene efectos significativos sobre el flujo de recursos del sistema.

Datos duros: ¿cuánto significa un punto?

La magnitud del impacto económico no es menor:

• Según estimaciones sindicales, esta reducción implicaría una pérdida mensual cercana a los $16.500 millones solo para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) —el mecanismo que compensa entre obras sociales de mayor y menor recaudación— y hasta unos $90.000 millones mensuales para el conjunto de las obras sociales si se suman todas las caídas de aportes. En total, el recorte podría superar los $100.000 millones al mes.
• Asociado a estas cifras, un informe de la CGT estima que la pérdida anual para el sistema sería de entre 679 y 700 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente el 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI).
• Otros análisis proyectan que si se toma como referencia el salario promedio informado por el SIPA, la caída anual de ingresos por esta medida —sumada a otras modificaciones laborales— podría rondar los USD 1.000 millones solo por la parte destinada a obras sociales.

Estas cifras no son abstracciones contables: son recursos que hoy se usan para pagar prestaciones médicas, tratamientos de alta complejidad, medicamentos, salarios administrativos, prestaciones de discapacidad y convenios con prestadores de salud.

Ejemplos concretos del impacto

Para dimensionar lo que significa este ajuste:

• El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es clave para que obras sociales pequeñas, con pocos aportantes, puedan cubrir prestaciones de alto costo o servicios en zonas de menor recaudación. Una caída de $16.500 millones por mes en ese fondo puede traducirse en suspensiones o reducciones de prestaciones críticas en esas obras sociales.
• Si se generaliza una caída de casi $100.000 millones por mes en ingresos totales, algunas obras sociales podrían encontrarse obligadas a recortar prestaciones o trasladar cargas a los afiliados, como mayores copagos o restricciones en autorizaciones, para equilibrar sus cuentas.
• En un contexto de inflación y aumento sostenido de los costos de tratamientos y medicamentos, menos recursos por afiliado puede significar menor acceso a atención de calidad, especialmente para prestaciones de alta tecnología o tratamientos crónicos, que son crecientes.

¿Quién paga el costo del “alivio” patronal?

Una pregunta clave atraviesa este debate: si el sistema recibe menos recursos, ¿quién absorbe la diferencia?

Las opciones no son mágicas:

• Podría traducirse en menor cobertura o mayores trabas administrativas dentro de las obras sociales.
• Podría implicar un traslado del costo al sector público de salud, que ya funciona al límite.
• Podría derivar en copagos más altos o restricciones de acceso para los afiliados.

En todos los escenarios, el costo tiende a recaer sobre los trabajadores, las familias y los municipios y provincias que sostienen el sistema sanitario público.

¿Reforma laboral o reforma del sistema de salud?

El problema de fondo no es que el sistema de obras sociales no necesite cambios estructurales —los necesita, desde su fragmentación hasta su vínculo con la informalidad laboral. Pero una cosa es reformar con una mirada integral, y otra muy distinta es desfinanciar una pieza clave sin un plan de compensación, mecanismos alternativos de financiamiento o mecanismos de protección de la cobertura.

Reducir el financiamiento sin una estrategia clara de ajuste integral equivale a intervenir una pieza central del sistema sin mirar el tablero completo. Y cuando se trata de salud, las decisiones “técnicas” no se pagan con balances contables: se pagan con el acceso efectivo a la atención de millones de personas.

Hacia un debate informado y democrático

La salud no es un gasto más ni un costo laboral accesorio. Es un derecho social y un componente esencial del contrato social argentino. Por eso, cualquier modificación que afecte su financiamiento debería darse en un debate amplio, transparente y basado en evidencia.

Reducir un punto porcentual puede parecer poco en una planilla, pero en un sistema que atiende a más de la mitad de la población, ese punto tiene nombre, rostro y consecuencias concretas. Y esas consecuencias deben ser discutidas, no solo entre tecnócratas, sino con la sociedad entera.

* Santiago Quintana es Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Se dedica íntegramente a la promoción, desarrollo e implementación de políticas públicas en salud. Es autor de los libros "Crónicas de lucha; mujeres y hombres que revolucionaron la legislación sanitaria argentina", “Crónicas de Lucha II – historias que revolucionaron la legislación sanitaria argentina” y "CÓDIGO POSTAL; Dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, la inmoral inequidad sanitaria porteña".