El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) participó la semana pasada del Encuentro por la Educación en el Bloque de Diputados de Unión por la Patria, donde expresó nuevamente su total rechazo al DNU N° 70/2023 y al proyecto de Ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” (Ley Ómnibus) impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional, “entendiendo que atentan contra 41 años de laboriosos esfuerzos por dar vida en lo cotidiano, a un sistema político que nos contiene y organiza, que respetamos y defendemos”.

“Nuestra organización representa a las y los trabajadores de la educación privada, aproximadamente el 35 % del sistema educativo argentino, expresado en docentes, alumnos e instituciones educativas de todos los niveles de enseñanza. Esta representación nos compromete a la defensa de los derechos laborales y personales no solo del sector de gestión privada sino de toda la docencia argentina y en particular de las mujeres docentes que representan casi el 80% del personal activo”, sostuvieron desde el gremio en un comunicado, que continuó: “Ambos instrumentos son inconstitucionales y detractores del proyecto político-educativo que deseamos continúe vigente en tanto se extralimitan en sus atribuciones con prepotencia y esconden detrás de una supuesta emergencia nacional, un salvaje recorte de derechos, sin precedentes en nuestro país”.

Ante este escenario, el sindicato expresó su desacuerdo con las reformas y manifestó que:

• “Las propuestas de sustitución e incorporación de artículos de la LEN, LFE, LES y LCE se enmarcan en un MODELO DE PAÍS que está en las antípodas de nuestros principios y valores como movimiento de las y los trabajadores, razón por la cual la crítica es general a la idea y al proyecto de ley por su naturaleza liberal individualista que ataca en forma directa la producción y el trabajo. Es imposible pensar la educación sin pensar el proyecto de país que lo sustenta”.

• “Las reformas no contemplan el necesario y urgente aumento del financiamiento educativo, sino que por el contrario se lo congela en los montos actuales en tanto no se ha presentado un nuevo presupuesto nacional, lo que implica la desfinanciación del sistema educativo”.

• “La propuesta de modificación del art.10 de la LFE que establecía el ACUERDO MARCO resulta confusa y se superpone con una propuesta de acuerdos provinciales y este no es un tema menor, dado que estamos hablando del Convenio Colectivo”.

• “La habilitación de estudios a distancia desde el segundo ciclo de la educación primaria, tal como está planteado bajo el paraguas de educación “híbrida”, transparenta una mirada mercantilista de la educación, habilitando el ingreso de corporaciones y plataformas educativas privadas pero por sobre todo desconoce la trascendencia de la presencialidad en los procesos de enseñanza aprendizaje. En la escuela se construye el nosotros, la trama vincular que da sustento a nuestro desarrollo integral durante toda nuestra vida”.

• “El examen obligatorio que impulsan para finalizar los estudios secundarios establece una medición de aprendizajes, vulnerando el proceso por el cual se valoran los aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria educativa de cada estudiante e imponiendo criterios meritocráticos y selectivos para el ingreso a los estudios universitarios. El modelo chileno y la educación voucher impregnan toda esta propuesta”.

• “La educación técnica, la ciencia y la tecnología son claves del desarrollo nacional con inclusión social y no son consideradas en estos proyectos”.

• “Las condiciones y medio ambiente de trabajo y la salud de las y los docentes, están totalmente ausentes en los textos propuestos”.

• “El examen de ingreso a la docencia es inadmisible para nosotr@s dado que las y los docentes han sido titulados por una universidad o por una institución de educación superior no universitaria y no hay ninguna otra profesión a la que se impongan exigencias de esta naturaleza. A esto se suma la exigencia de evaluación continúa como condición de permanencia en el sistema. Todo esto tiende a vulnerar las condiciones de trabajo y de salud de las y los docentes con una sobrecarga laboral que se expresa en una inestabilidad laboral permanente”.

Asimismo, SADOP rechazó la intención de declarar a la educación como “servicio esencial” y sus consecuencias en el ejercicio de los derechos adquiridos como así también la ruptura de la estructura solidaria del sistema de salud, donde más de 14 millones de trabajadoras y trabajadores cuidan su salud en las obras sociales sindicales.

“Siendo la educación un derecho humano personal y social, teniendo la escuela una función social y considerando al estado como garante de la educación pública, de gestión estatal y de gestión privada, consideramos que, desde las perspectivas filosóficas, pedagógicas y culturales, estas propuestas caminan en sentido contrario del bagaje construido en la práctica docente e institucional de la nación. Nuestro rechazo es integral, como trabajadoras y trabajadores no podemos admitir estos instrumentos dada la claridad con que se manifiesta en ellos el rompimiento total de los principios del derecho del trabajo y el retroceso en las políticas educativas, conquistas irrenunciables para nuestra organización”, cerraron desde el sindicato.