13/01/2026

Por Santiago Quintana, Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud*

En salud pública, hay decisiones que no son neutras. No son meros reordenamientos administrativos ni simples recortes presupuestarios. Son definiciones políticas que trazan una línea clara entre quiénes tienen derecho a vivir y quiénes quedan librados a su suerte. El desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) es una de esas decisiones.

El PNCC no fue un programa más. Fue una política pública estratégica, construida a lo largo de más de quince años, orientada a garantizar el acceso equitativo al diagnóstico, derivación, cirugía y seguimiento de niños y niñas con cardiopatías congénitas sin cobertura de salud. Su lógica era clara: sin intervención estatal, el mercado no resuelve la alta complejidad pediátrica, y la geografía, el ingreso y la fragmentación del sistema se convierten en barreras mortales.

En 2023, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.713, que institucionalizó el programa como política de Estado. La norma tuvo un respaldo parlamentario casi unánime. Hubo, sin embargo, dos votos en contra: Javier Milei y Victoria Villarruel. No fue una casualidad ni un detalle menor. Fue una señal temprana de una concepción del Estado que hoy se expresa con crudeza en la gestión.

Una política pública que salvaba vidas

Cada año nacen en Argentina alrededor de 7.000 niños con cardiopatías congénitas. Aproximadamente la mitad requiere una intervención quirúrgica en el primer año de vida para sobrevivir. Sin una red federal que articule diagnóstico precoz, derivación oportuna, transporte sanitario y cirugía de alta complejidad, esas posibilidades se reducen drásticamente.

El PNCC funcionaba como un sistema integrado, con un centro coordinador nacional y nodos provinciales, que permitía que un niño nacido en una localidad periférica tuviera las mismas chances de sobrevivir que uno nacido en un gran centro urbano. Esa es, precisamente, la función indelegable del Estado en salud: corregir desigualdades estructurales que el mercado reproduce.

Gracias a este programa, Argentina logró eliminar listas de espera quirúrgica en cardiopatías infantiles, mejorar tasas de sobrevida y reducir muertes evitables. No fue magia ni eficiencia privada: fue planificación estatal, inversión pública y capacidad técnica acumulada.

El desmantelamiento como decisión política

A fines de 2025, el Ministerio de Salud avanzó en la no renovación de contratos del equipo profesional que coordinaba el PNCC, vaciando de hecho la conducción técnica del programa. Se redujeron funciones, se desarticuló la red operativa y se debilitó la capacidad de respuesta del sistema. Aunque desde el discurso oficial se intenta presentar esto como una “reorganización”, en términos de política pública el resultado es claro: un programa sin conducción especializada no funciona.

En salud, la alta complejidad no se sostiene con estructuras administrativas vacías. Requiere equipos con experiencia, toma de decisiones clínicas y logísticas en tiempo real, y coordinación federal efectiva. Cuando eso se pierde, lo que aumenta no es la eficiencia, sino el riesgo.

La coherencia ideológica del ajuste

Nada de esto es contradictorio con lo que el actual Presidente sostuvo públicamente. En una entrevista televisiva en Todo Noticias (TN), Javier Milei fue explícito: el Estado no debería hacerse cargo de este tipo de prestaciones. La frase no fue un exabrupto, sino la expresión coherente de una visión que concibe a la salud como un bien individual y no como un derecho social.

El problema es que esa concepción choca de frente con la realidad del sistema de salud argentino y con los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el país. La atención de cardiopatías congénitas no es optativa, no es postergable y no puede depender de la capacidad de pago de las familias.

Cuando el Estado se corre, alguien paga el costo

El retiro del Estado no genera libertad: genera desigualdad. En este caso, una desigualdad que se mide en kilómetros, en demoras, en cirugías que no llegan a tiempo. El impacto del desmantelamiento del PNCC no se expresa en balances fiscales, sino en historias concretas de familias que vuelven a quedar solas frente a un sistema fragmentado y excluyente.

Defender el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas no es una discusión corporativa ni nostálgica. Es defender una política pública basada en evidencia, que demostró resultados, que salvó vidas y que expresó una idea de país donde el lugar de nacimiento no define las posibilidades de supervivencia.

En salud, achicar el Estado no es neutral. Es una decisión que mata.

* Santiago Quintana es Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Se dedica íntegramente a la promoción, desarrollo e implementación de políticas públicas en salud. Es autor de los libros "Crónicas de lucha; mujeres y hombres que revolucionaron la legislación sanitaria argentina", “Crónicas de Lucha II – historias que revolucionaron la legislación sanitaria argentina” y "CÓDIGO POSTAL; Dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, la inmoral inequidad sanitaria porteña".

07/01/2026

Por Santiago Quintana, Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud

En un país atravesado por profundas desigualdades territoriales y sociales, discutir el futuro de los hospitales SAMIC no es un debate técnico ni administrativo. Es, ante todo, una discusión política y ética: qué lugar ocupa la salud pública en el proyecto de país que se pretende construir.

Los hospitales SAMIC —Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad— no son una anomalía del sistema sanitario argentino ni un “experimento fallido”, como a veces se los presenta. Son, por el contrario, una de las herramientas más virtuosas que el Estado supo diseñar para garantizar atención médica pública, gratuita y de alta complejidad en regiones donde el mercado nunca tuvo interés en llegar.

Su eventual privatización —o la introducción de esquemas de gestión privada bajo financiamiento estatal— representa un retroceso estructural que pone en riesgo no solo el acceso a la salud de millones de personas, sino también la lógica solidaria sobre la que se construyó el sistema sanitario público.

Un modelo pensado para garantizar derechos, no ganancias

Los SAMIC nacieron para resolver problemas concretos: evitar derivaciones interminables, fortalecer redes regionales de salud, descentralizar la alta complejidad y garantizar atención oportuna allí donde antes no la había. Lo hicieron mediante un esquema de gestión interjurisdiccional que combina participación nacional, provincial y —en algunos casos— municipal, con autonomía administrativa y financiera.

Este diseño no es casual. Permite mayor agilidad en la gestión sin perder el carácter público del servicio. No están pensados para generar lucro, sino para garantizar derechos. Y ese es precisamente el punto que incomoda a quienes conciben al Estado solo como un gasto a reducir.

Alta complejidad donde el mercado no llega

Muchos hospitales SAMIC se encuentran en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Allí brindan servicios que, de no existir, obligarían a trasladar pacientes cientos de kilómetros. Terapias intensivas, cirugías complejas, diagnóstico avanzado, atención materno-infantil crítica: prestaciones costosas que ningún prestador privado asumiría sin rentabilidad asegurada.

Privatizar estos hospitales no los haría más eficientes; los volvería selectivos. Y en salud, la selectividad es sinónimo de exclusión.

Trabajadores de la salud: el corazón del sistema

No hay hospitales sin trabajadores. Médicos, enfermeros, técnicos, administrativos y personal de apoyo sostienen cotidianamente instituciones que funcionan, muchas veces, en contextos presupuestarios adversos. Los SAMIC concentran equipos altamente capacitados, con experiencia territorial y compromiso con la salud pública.

La privatización suele venir acompañada de precarización laboral, pérdida de estabilidad y presión por productividad, lógicas incompatibles con una atención sanitaria de calidad. Defender a los SAMIC es también defender los derechos de quienes garantizan, día a día, el derecho a la salud de la población.

El argumento presupuestario: una falsa solución

Se intenta justificar la privatización en nombre del déficit o la eficiencia. Pero privatizar no elimina el gasto: lo redistribuye de manera regresiva. El Estado sigue pagando —vía subsidios, contratos o derivaciones— mientras el control público se debilita y la planificación sanitaria se fragmenta.

El problema no es que los hospitales públicos cuesten dinero. El problema sería que no existieran. Porque el costo social de desmantelar la salud pública siempre es infinitamente mayor.

Salud pública o mercado: una decisión de fondo

La discusión sobre los hospitales SAMIC excede a esas instituciones. Es parte de un dilema más amplio: si la salud será un derecho garantizado o un bien de mercado. Los países con sistemas sanitarios sólidos entendieron algo básico: la salud no se organiza desde la lógica del lucro, sino desde la necesidad colectiva.

Los SAMIC no son perfectos. Requieren inversión, planificación, control y mejoras permanentes. Pero su camino no es la privatización, sino el fortalecimiento. Desmantelarlos sería renunciar a una herramienta estratégica del Estado y profundizar las desigualdades que ya existen.

Defender los hospitales SAMIC es defender la idea de que la salud no se negocia, no se terceriza y no se convierte en variable de ajuste. Es, simplemente, defender un derecho fundamental.

* Santiago Quintana es Sociólogo y Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Se dedica íntegramente a la promoción, desarrollo e implementación de políticas públicas en salud. Es autor de los libros "Crónicas de lucha; mujeres y hombres que revolucionaron la legislación sanitaria argentina", “Crónicas de Lucha II – historias que revolucionaron la legislación sanitaria argentina” y "CÓDIGO POSTAL; Dime dónde naciste y te diré qué salud tienes, la inmoral inequidad sanitaria porteña".

11/12/2025

El intendente Federico Achával recorrió el nuevo Centro Cardiovascular que funciona dentro del Hospital Central de Pilar. Este espacio, que se sumó este año al sistema de salud del distrito, amplía la atención especializada en patologías cardiovasculares y cuida el corazón de los vecinos de todo Pilar.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó: “Para nosotros la salud es un derecho. Por eso trabajamos todos los días desde hace seis años para garantizar el cuidado a cada vecino".

A su vez remarcó que "el Centro Cardiovascular que está en pleno funcionamiento y cuida la vida de la comunidad es parte de esa mirada".

El nuevo Centro Cardiovascular fue inaugurado este año y cuenta con médicos especializados, nuevos consultorios, equipamiento de última generación para brindar atención gratuita en la prevención y en el tratamiento de patologías coronarias.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Salud, Hermán Galimberti, y la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui. "Seguimos trabajando para garantizar el derecho a la salud pública y de calidad para todos los pilarenses”, cerró Achával.