25/11/2025

El Intendente de Morón, Lucas Ghi, anunció este martes la presentación de una iniciativa de ley destinada a fortalecer la protección de las víctimas de violencia de género y familiar mediante una modificación al Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires. El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la ONU para sensibilizar y combatir esta problemática.

El objetivo principal del proyecto, presentado ante especialistas y referentes del derecho del ámbito local, provincial y nacional, es facultar a los jueces a detener a quienes incumplan las restricciones perimetrales que impiden el acercamiento a la víctima.

Actualmente la legislación presenta una “zona gris” que genera diferencias en la aplicación de sanciones frente a la violación de una restricción perimetral. Esta situación permite que en muchos casos el agresor pueda acosar, amenazar o incluso volver a agredir a la víctima. El proyecto apunta a prevenir este tipo de situaciones.

“Estamos muy reconfortados por haber podido generar en Morón este proyecto, que entregaré personalmente a las autoridades de nuestra provincia, y en el que se trabajó con tanta responsabilidad junto al Departamento Judicial de Morón, asociaciones intermedias y especialistas en la materia”, expresó Ghi.

En ese sentido, señaló que “la violencia de género se combate con medidas concretas, articulación entre el Estado y los privados y protección a las víctimas, lejos del oportunismo político y de los falsos compromisos de quienes se escandalizan según quién sea el victimario o la víctima”.

El proyecto fue elaborado entre el Municipio de Morón, representado por el secretario de Seguridad, Dr. Damián Cardoso; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, Dr. Matías Rappazzo; y el Dr. Fabián Cardoso, del Observatorio Federal de Seguridad y Justicia.

También aportaron a la iniciativa la Fiscal General del Departamento de Morón, Karina Iuzzolino, y la Defensora General Claudia Susana Bonanata.

Acompañaron la presentación la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, Mercedes Conti; la secretaria general de la entidad, Andrea Molaro; Sandra Pepe, titular del Observatorio Federal de Seguridad y Justicia; y Gladys Pellegrini, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

También estuvieron presentes el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez; el titular del Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Almeyda; y el director del área de Víctimas del Delito de la Secretaría de Seguridad de Morón, Emanuel Terrón.

El Intendente estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura De Peri, entre otros funcionarios que participaron del encuentro realizado en el Salón Mariano Moreno.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso para cuidar y acompañar a las víctimas de violencia de género y familiar mediante una protección efectiva, permanente y responsable.

22/05/2025

En abril de 2020, cuando la ola de contagios de Covid-19 empezaba a crecer y las restricciones de circulación eran cada vez mayores, los ojos de la opinión pública se posaron en una residencia geriátrica, en donde se registró un contagio masivo y ocurrieron las primeras muertes en este tipo de establecimientos. Sucedió en el Geriátrico Apart Los Incas, en Avenida de los Incas y Zapiola, en Belgrano R. El lugar fue desalojado con los móviles de televisión mostrando el traslado de los pacientes y el personal. Diez personas murieron por el virus y la investigación reveló una trama de negligencia por parte de los dueños.

A cinco años de la tragedia, esta semana finalmente comenzó el juicio contra los titulares del geriátrico. La causa tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los magistrados Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo.

La residencia era gestionada por los apoderados Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, bajo la dirección médica de Carla Raffo. Los tres están imputados por homicidio culposo agravado y violación de las medidas sanitarias durante una pandemia, según establece el artículo 205 del Código Penal. Además, se les atribuyen lesiones culposas y múltiples omisiones en el cuidado de los residentes.

Según la causa, los acusados habrían incurrido en al menos nueve irregularidades: desde no tomar la temperatura a los residentes hasta presionar a empleadas para que trabajaran pese a tener síntomas compatibles con COVID-19. También se documentaron fallas graves como la falta de equipos de protección, demoras en realizar hisopados y omisiones en la actualización de historias clínicas.

A su vez, también está siendo juzgada Paula Verónica Trunzo, Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos, por el supuesto incumplimiento de sus deberes. La funcionaria es acusada de haber incumplido su obligación de denunciar irregularidades detectadas en inspecciones realizadas entre 2017 y 2020 en el Geriátrico Apart Incas, lo que hubiera evitado los contagios si se disponía la clausura del lugar.

A pesar de ello, el Procurador General de la Ciudad aceptó un ofrecimiento de la defensa de la imputada para que la funcionaria quede impune a cambio de una reparación de cuatro millones de pesos a favor de la Ciudad, montos que no se aplicarían a las víctimas. El Tribunal rechazó este pedido por unanimidad.

17/03/2025

El juez de Comodoro Py, Marcelo Martinez de Giorgi, restituyó a Mateo Corvo, condenado por narcotráfico, un importante predio a la vera de la autopista Panamericana, a la altura del kilometro 46 en el ramal Pilar. Se trata de un predio expropiado en una megacausa que involucra también a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria.

La Corte Suprema de Justicia ya había desestimado los planteos realizados por Mateo Corvo en julio del año pasado. Ahora, el Juez de Comodoro Py desestima el embargo que avaló la legislatura bonaerense para que el Municipio de Pilar destine el predio con funciones de bien social.

El predio, que durante mucho tiempo fue un “elefante blanco” en una ubicación estratégica, pasó a cumplir un rol fundamental durante el 2020 al ser convertido en un vacunatorio que permitió salvar la vida de miles de personas que acudieron al lugar para vacunarse o ser testeados. Asimismo, luego de la pandemia, continuó su funcionamiento como espacio destinado para el cuidado de la salud de la comunidad a través de campañas de vacunación, revisiones y consultas médicas de diferentes especialidades.

De esta forma, la Justicia devuelve a la empresa involucrada en el lavado de activos del narcotráfico un predio de enorme importancia para el partido de Pilar, que además ya tiene una historia y funciones destinadas a dar soluciones a las necesidades de los vecinos del distrito.

La historia del proyecto

El proyecto original del condenado Mateo Corvo, a través de la empresa Pilar Bicentenario S.A. contemplaba la construcción de un polo de lujo con barrios cerrados, una estación de tren y estacionamiento privado. En 2016 recibe una denuncia desde EE.UU. por sus vinculaciones con el lavado de dinero del narcotráfico.

La investigación realizada tanto en Argentina como en EE.UU. determinó el lavado de dinero y cuenta con sentencia firme.

El edificio terminó embargado por la Justicia Federal en una causa judicial que alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín -viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria-, entre otros, quienes habrían realizado un aporte "esencial" para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, vinculado al líder del Cartel de Medellín, y que luego de cumplir un tiempo de condena en los Estados Unidos por haber exportado a ese país 9 toneladas de cocaina, fue deportado a Colombia. La Justicia Federal Argentina tiene un pedido de extradición en su contra por lavado de activos.